Reforma Integral Ley de Residuos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 03 de septiembre de 2026

Eukariota y Reverdece AC trabajaron en la iniciativa de reforma a la Ley de Gestión Integral de Residuos de Jalisco, los datos técnicos muestran un problema que tiene solución.

En Jalisco se generan más de 65 mil toneladas diarias de residuos sólidos: 8 mil toneladas de residuos sólidos urbanos y 57 mil de manejo especial, por lo que es imperante que la entidad pase de administrar basura a gestionar recursos; Eukariota y Reverdece AC realizaron un diagnóstico en el que demostraron que tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara se generan aproximadamente 5,100 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (domésticos) y 23,000 de manejo especial (industriales), de las cuales alrededor del 95 % termina en rellenos sanitarios o en cuerpos receptores, sin valorización. Otro problema es que únicamente tres de cada diez municipios cumplen con la normativa vigente.

De las 65 mil toneladas diarias de residuos contabilizadas, alrededor de 43 mil son biorresiduos, a los que se suman aproximadamente 40 mil toneladas diarias de lodos de PTAR. En conjunto, esta biomasa tendría un potencial estimado de hasta 2.9 millones de m³ diarios de biometano, cifra que permite dimensionar el enorme valor energético actualmente desaprovechado. La reforma no plantea su producción y distribución industrial, sino el desarrollo de biorrefinerías no energéticas para generar bioinsumos, biofertilizantes, biomateriales y otros bioproductos, así como el aprovechamiento energético para autoconsumo dentro de las propias instalaciones.

La iniciativa es resultado de la integración entre el conocimiento técnico y la experiencia de quienes viven los impactos en el territorio. Las problemáticas y propuestas planteadas por comunidades y defensores del territorio, entre ellos la Asamblea de Pueblos en Resistencia, se articularon con los diagnósticos y propuestas técnicas desarrolladas por Eukariota y Reverdece A.C., en un proceso de construcción legislativa encabezado por la diputada Mariana Casillas, quien presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado. Esta suma de conocimientos y perspectivas permitió construir una propuesta integral que aborda las dimensiones ambientales, técnicas, económicas, sociales y territoriales de la gestión de residuos en Jalisco.

Jalisco tiene condiciones particularmente favorables para desarrollar una economía basada en el aprovechamiento sostenible de sus recursos biológicos y es necesario pasar de un sistema concentrado principalmente en recolectar, trasladar y disponer residuos, hacia otro basado en prevenir su generación, separarlos desde el origen, recuperar materiales, valorizar residuos orgánicos y reducir progresivamente aquello que termina en sitios de disposición final.

La propuesta responde a una problemática ambiental, económica, social y territorial. Jalisco enfrenta una elevada generación de residuos, infraestructura insuficiente, baja valorización, presión sobre los sitios de disposición final y afectaciones que recaen especialmente sobre comunidades próximas a vertederos e instalaciones de manejo. Frente a ello, la reforma plantea que los residuos dejen de considerarse únicamente como basura que debe retirarse y confinarse, para comenzar a gestionarse como materiales, biomasa y recursos susceptibles de aprovechamiento.

Además, la actualización ocurre en el contexto de la nueva Ley General de Economía Circular, cuyo régimen transitorio establece que las legislaturas estatales deberán armonizar sus marcos jurídicos con la nueva legislación nacional.

¿Qué propone transformar la iniciativa? La reforma articula sus principales cambios alrededor de siete grandes transformaciones:

1. Separación desde el origen y recolección diferenciada.

Se fortalece la separación de residuos; las categorías pasan de ser dos (orgánicos e inorgánicos) a tres: orgánicos, inorgánicos con potencial de reciclaje (recuperables) e inorgánicos de difícil reciclaje (no recuperables). La reforma vincula esta separación con programas municipales graduales de recolección diferenciada, infraestructura, contenerización, vehículos recolectores, socialización y metas para reducir progresivamente los residuos enviados a disposición final. Además, los proyectos de construcción y demolición deberán prever espacios para el manejo y almacenamiento separado de sus residuos y garantizar su recolección mediante prestadores de servicios registrados ante la autoridad estatal.

2. Fomento al compostaje.

La materia orgánica deja de concebirse exclusivamente como un residuo destinado a disposición final. La iniciativa impulsa el compostaje municipal, comunitario y doméstico, así 2 como otras alternativas de valorización orgánica, para transformar estos residuos en composta, fertilizantes orgánicos y otros productos aprovechables.

La reforma contempla un periodo gradual de hasta seis años para desarrollar infraestructura de compostaje y recolección diferenciada. Una planta municipal requiere una inversión estimada de 3 a 9 millones de pesos, dependiendo de su capacidad, y puede generar entre 20 y 120 empleos verdes directos, además, puede desarrollarse gradualmente mediante esquemas de financiamiento como los ofrecidos por Banobras, con potencial para generar ahorros que, a mediano plazo, superen sus costos de operación y contribuyan a recuperar la inversión realizada. Sumado a esto, la composta producida podrá utilizarse en viveros, parques, jardines y áreas verdes públicas, mientras que los excedentes podrán comercializarse como un subproducto municipal, generando una fuente adicional de ingresos y empleos verdes locales.

3. Indicadores, metas, transparencia y trazabilidad.

Se propone fortalecer el Sistema de Indicadores y Metas sobre la Gestión Integral de Residuos para conocer cuánto residuo se genera, qué tipos se producen, cuánto se recupera y valoriza y cuánto termina en disposición final. Para los grandes generadores, prestadores de servicios y destinos autorizados se incorpora una Plataforma Digital de Trazabilidad, que permita vincular los movimientos de residuos desde su generación hasta su destino final y avanzar hacia manifiestos electrónicos. La información agregada deberá publicarse periódicamente en formatos abiertos y accesibles.

4. Economía Circular y Bioeconomía Circular Popular como política pública.

La reforma incorpora por primera vez la Economía Circular y Bioeconomía Circular Popular como instrumento de planeación a través del Programa Estatal y Programa Municipal, éstos impulsarán la prevención, reparación, reutilización, reciclaje y valorización de materiales, así como el aprovechamiento sostenible de biomasa y biorresiduos para generar bioinsumos, biofertilizantes, biomateriales y otros bioproductos. También contemplan herramientas como el ecodiseño, mercados de materiales secundarios, compras públicas sostenibles e innovación.

El modelo busca cerrar ciclos de materiales y nutrientes, reducir emisiones y evitar la transferencia de contaminantes entre suelo, agua y atmósfera, al mismo tiempo que genera empleos verdes y nuevas cadenas de valor locales. Su carácter popular busca que estos beneficios lleguen prioritariamente a comunidades, recicladores de base, cooperativas, 3 pequeños productores, MiPyMEs y organizaciones de la economía social y solidaria, colocando el bienestar social y ambiental de los territorios en el centro.

5. Fortalecimiento de las capacidades municipales.

Los municipios adquieren mayores responsabilidades en separación, registros de generadores, planeación, recolección diferenciada y valorización. Al mismo tiempo, la iniciativa reconoce que los 125 municipios tienen capacidades distintas y establece que el Estado brinde asistencia técnica y gestione acceso a fondos públicos o privados, priorizando aquellos con menor capacidad operativa y financiera.

6. Reciclaje inclusivo y participación social.

La transición propuesta incorpora a recicladores de base, cooperativas y organizaciones de economía social como actores del nuevo modelo, vinculando la circularidad con inclusión social y mejores condiciones de participación. La reforma incorpora además mecanismos de participación ciudadana y una perspectiva agroecológica y de justicia territorial para considerar especialmente a las comunidades que históricamente han recibido los impactos de la disposición de residuos así como a la capacidad y servicios ecosistémicos.

7. Planeación urbana compatible con la nueva gestión de residuos.

La reforma trasciende la legislación estrictamente ambiental y modifica también el Código Urbano del Estado de Jalisco, buscando que la planeación territorial y las edificaciones faciliten la separación, almacenamiento, recolección diferenciada y valorización. Entre otros aspectos, los planes parciales deberán considerar el fomento al composteo y la ubicación de infraestructura relacionada.

La iniciativa fue presentada este jueves 03 de septiembre en el pleno del Congreso del Estado y busca que Jalisco deje de medir el éxito por cuánta basura logra retirar y enterrar, y comience a medirlo por cuántos residuos evita generar, cuántos recursos recupera y valoriza y cuánto logra reducir su disposición final.

Contacto de prensa:

Mtro. Jorge Alexis de Aldecoa Morales / Tel: 3331039280 Mail:

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